El subsecretario de la presidencia del gobierno italiano, Carlo Giovanardi, le solicitó al consejo de ministros un procedimiento de urgencia para regularizar a los extranjeros que ya trabajan en Italia, sin haber logrado aún el permiso de residencia. Uno de los tantos fundamentos es que, por ejemplo, alrededor de medio millón de mujeres extranjeras sin permiso de residencia, son empleadas domésticas o cuidadoras de ancianos.

Cuando se publique en la Gaceta Oficial una ley de “seguridad” decretada pocos días atrás, todas estas mujeres caerán en el delito de “inmigración clandestina”. Esto inquieta a Giovanardi, quién es responsable de Políticas Familiares del gobierno.

Entonces, el inmigrante que ingrese o resida en forma ilegal en Italia incurrirá en el delito de inmigración clandestina. De esta forma, se lo podrá expulsar inmediatamente, junto con una multa de hasta 10 mil euros. Las expulsiones podrían pasar al doble de las casi 30 mil sancionadas en el año 2008. Las familias para quiénes trabajasen estas personas, serán inculpadas de encubrimiento.

“Se puede y se debe resolver este problema que atañe a centenares de miles de familias italianas y a centenares de miles de trabajadores no europeos”, advirtió Giovanardi.
Los objetivos de Giovanardi fueron tomados favorablemente por la ‘centroizquierda’, especialmente en el Partido Democrático, que desaprueba las nuevas normas xenófobas que criminalizan a los inmigrantes con trabajo en Italia. Por otro lado, brotaron ataques al subsecretario dentro del gobierno.
De acuerdo a Berlusconi, esta ley será especialmente útil para “aumentar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos”.